Por la memoria histórica

20 de Noviembre de 1975, el dictador de corte camaleónico, pero con una clara connotación fascista y nacionalcatólica, Francisco Franco Bahamonde, fallecía en la cama después de complicaciones derivadas de sus graves problemas de salud achacadosa sus últimos momentos. Al acabar su homenaje por parte de las autoridades franquistas, fue inhumado en el Valle de los Caídos, erigido como monumento fascista con el sudor y sangre de una gran cantidad de represaliados desafectos con su régimen. A día de hoy todavía sigue allí, en una clara anomalía democrática, con todos los honores que no le deberían corresponder por los cuarenta años de cruenta dictadura, mientras que España sigue siendo el segundo país del mundo con más desaparecidos, con miles de hombres, mujeres y niños en fosas comunes y cunetas cuyo único crimen fue el de defender el legítimo gobierno de la II República. Y, para más humillación hacia las víctimas del franquismo, fueron trasladados los restos de muchos republicanos junto de franquistas hacia el infame Valle, pretendiendo el dictador de reafirmar «su» victoria frente a los vencidos.

La reciente sentencia del Supremo va a permitir, por fin, la exhumación del dictador y acabar de una vez por todas con esta infamia, que a todas luces debería haber acaecido cuando el PSOE en 1982 con su aplastante mayoría absoluta debió hacer pero que, por motivos que todos conocemos derivados de los pactos entre los posfranquistas y diversas fuerzas de «izquierda» que decidieron enterrar gran parte de los acontecimientos de la dictadura, no quiso y permitió perpetuar el engendro creado. En un Estado democrático y homologable al del resto de Estados no ya digamos con democracias liberales, sino también en democracias socialistas o socialdemócratas, es impensable que se mantengan legalizadas organizaciones y partidos que apoyan claramente el nazismo, el fascismo y dictaduras sangrientas como la española o muchas latinoamericanas y, ni mucho menos, permitir mausoleos y homenajes en honor a los protagonistas de los mayores crímenes perpetuados contra la población en general. Por poner un ejemplo representativo: en Alemania hace poco los restos de uno de los jerarcas nazis más conocidos, Rudolf Hess, fueron exhumados, desmantelada su tumba y se deshicieron de ellos rápidamente. En muchos de los estados que sufrieron dictaduras atroces se hizo (o se intentó) hacer una reparación del daño, comisiones de la verdad, actuaciones judiciales, etc.; que han contado con el consenso del amplio espectro político.

En España existe el franquismo sociológico que está fuertemente implantado en nuestra sociedad desde 1939, por más que diversos sectores se empeñen en negarlo. Un franquismo sociológico que hace que se acepte con actitud positiva lo que ocurrió durante cuarenta años de dictadura, se evite condenar enérgicamente el franquismo y sus crímenes, se censure el debate en torno a ello, haya una cierta persecución y señalización de los individuos que se salen del patrón establecido del «atado y bien atado», afirmar que el luchar por la memoria histórica y condenar el franquismo es abrir heridas y buscar ganar una guerra que se perdió hace ochenta años, y un largo etcétera. Mientras impere el franquismo sociológico, la lucha por acabar con anomalías en un estado democrático, será muy difícil. Por ello la exhumación del dictador ha creado una polémica y un enfrentamiento entre demócratas y fascistas que dormitaban bajo la sábana del PP y que ahora cohabitan en la alcoba de VOX y otros partidos de extrema derecha que no se habría dado si se hubiese realizado un proceso de real transición democrática como en los estados del Eje tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial o en los procesos democráticos de América Latina de finales del siglo XX. Es necesaria la exhumación del dictador, pero sin permitir que su lugar de destino se convierta en otro mausoleo u obra de glorificación a la dictadura y su cabeza visible. Pero, al igual que probablemente se produzca más pronto que tarde la exhumación, se debe realizar un proceso de reparación y memoria histórica hacia los miles y miles de represaliados por parte del régimen, se puedan recuperar sus restos, pero con ayuda del Estado, ya que debido a su función debe garantizar los derechos fundamentales. No obstante, mientras sigamos en un Estado con graves carencias democráticas y con un franquismo sociológico en cotas muy altas, no se producirá la normalización democrática y la reparación, justicia y dignidad que merecen las víctimas del franquismo y sus familias.

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